El pasado mes de Octubre se publicaron dos leyes indispensables para la administración pública en España la ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público. Ambas, especialmente la primera, contiene importantes novedades que afectan a la gestión de los documentos en el entorno de la e-Administración. Sigue la misma línea argumental que la ley 11/2007, conocida popularmente como de la e-administración, que a partir de Octubre de 2016 queda derogada y asumida por la nueva ley de procedimiento administrativo. La principal y más importante novedad es no considerar la e-administración como algo separado o diferente, sino promulgar que es la única forma de procedimiento administrativo aceptado. Desde hace algunos años las administraciones públicas españolas han emprendido diversos proyectos relacionados con la puesta en marcha de la e-administración al tiempo que la legislación ha ido desarrollando aspectos más concretos de la gestión de documentos electrónicos. En muchos países de Latinoamérica se está tomando como ejemplo la legislación española y las administraciones públicas están comenzando proyectos para convertirse en electrónicas. En el corazón de todos estos proyectos se encuentra la gestión de los documentos electrónicos que se producen en el nuevo marco de la actuación administrativa. El curso abarca todos los aspectos a tener en cuenta en relación con los documentos electrónicos cuando se aborda un proyecto de e-administración. Se aborda desde una doble perspectiva, analizando por un lado la intención de la legislación (incluyendo todas las novedades recientes) y las buenas prácticas internacionales, y por otro, viendo como las directrices se están implementando en la práctica (basado en la experiencia de la profesora que ha participado como consultora en numerosos proyectos de implantación de la gestión de documentos electrónicos en el ámbito de la e-administración).